Agenda Oculta: El instrumento legal más poderoso en el combate contra el trabajo esclavo
Clique aqui para acessar a matéria.
Por Natália Suzuki, Daniel Santini e Carolina Motoki
Coordenadores da ONG Repórter Brasil
En la noche del día 22 de Mayo de 2012, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 438/2001 en segundo turno de votación. De un total de 414 parlamentarios, 360 votaron a favor de PEC, 29 en contra, y 25 se abstuvieron. El resultado parece haber sido una victoria fácil, sin embargo no refleja la dura disputa que se dio hasta último momento en los bastidores del Congreso brasilero. La propuesta, que tramita ahora como PEC 57ª, debe pasar todavía por un round de votación en el senado para, entonces, ser firmada definitivamente.
Desde 2004, la PEC 74ª, que prevé la expropiación y confisco de tierras sin derecho a indemnización a quienes utilizan trabajo esclavo en sus instalaciones, estaba atascada en el Congreso. Los sucesivos aplazamientos de la votación, debido a los esfuerzos de algunos legisladores, siempre ha sido la manera más elegante de defender los intereses de la burguesía rural del país y, así, perpetuar la esclavitud contemporánea en cientos de propiedades en todos los Estados brasileños.
El Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, definió a la PEC como “el más poderoso instrumento legal para combatir el trabajo esclavo en Brasil”. La evaluación del ponente tiene sentido porque además de ser un mecanismo capaz de vencer la impunidad de los esclavistas -lo cual es una de las principales deficiencias de las estrategias de combate a la esclavitud contemporánea-, la enmienda va en contra de la lógica de la organización agraria brasileña impuesta desde el período colonial. Incluso hoy en día, la tierra cultivable en Brasil residen en manos de unos pocos propietarios: cerca del 40% de estas tierras se componen de grandes haciendas (propiedades con más de 2 mil hectáreas).
El tratamiento de la PEC 57A en el Congreso está siempre acompañado por la inminencia de la revisión del concepto de esclavitud contemporánea, establecido en el artículo 149 del Código Penal brasileño. En cada oportunidad en que esto se discutió, los congresistas de la bancada ruralista intentaron poner en jaque el debate y consolidar el statu quo.
La ley define claramente que la práctica del trabajo esclavo es un delito y hace explícito que someter a alguien a condiciones análogas a la esclavitud es someter al individuo a condiciones degradantes de trabajo y/o privarlo de su libertad. El primer aspecto se refiere a elementos que inhiben la dignidad del trabajador tales como la vivienda precaria; la falta de atención médica, saneamiento e higiene; la mala alimentación; los malos tratos y la violencia; las amenazas físicas y psicológicas; y las jornadas exhaustivas. A su vez, la libertad del trabajador es disminuida/restringida por mecanismos perversos como mantenerlo en el lugar de trabajo por medio de deuda ilegal o esclavitud por deuda; retener su documentación y/o salario; controlar su derecho a salir del lugar de trabajo mediante amenazas físicas y psicológicas y encarcelamiento; además de someterlo a trabajo forzoso y aislarlo geográficamente.
El concepto de trabajo esclavo contemporáneo expresado en el artículo 149 del Código Penal brasileño permitió rescatar a más de 43 mil trabajadores sometidos a situaciones inimaginables de humillación y explotación entre los años 1995 y 2011, según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo. La misma ley se utiliza para acusar penalmente a quienes emplean este tipo de mano de obra, como ocurrió con un senador brasileño este año cuando el Supremo Tribunal Federal lo puso en el banquillo por emplear a 35 personas en situación de esclavitud en el estado de Pará, en la región norte del país.
La Organización Internacional del Trabajo estima que Brasil ha estado creando mecanismos innovadores y coherentes con las disposiciones de los tratados internacionales de los cuales es signatario. Estos instrumentos, entre los cuales están el artículo 149 y la PEC 57A, se consideran referencias para otros gobiernos que desean eliminar esta violación de los derechos humanos en sus países.
A partir del concepto vigente de trabajo esclavo contemporáneo y con la participación y el esfuerzo de la sociedad civil, durante más de una década se han creado políticas públicas de prevención, asistencia a las víctimas y enjuiciamiento de esclavistas y fueron juzgados diversos casos, creando jurisprudencia en varias instancias de la rígida y conservadora estructura judicial. Todo esto sin que hubiese duda alguna acerca de la definición de esclavitud contemporánea, ahora desafiada nuevamente.
Hoy en día los esclavos no son encadenados en el maletero o azotados en la picota. ¿Pero como catalogar, sino como esclavitud, las condiciones inhumanas a las que son sometidos miles de trabajadores? Reducir las violaciones de los derechos humanos, tales como la superexplotación del trabajo, la restricción de la libertad, las amenazas de muerte y los castigos ejemplares a irregularidades laborales, que son inadmisibles.
En los últimos ocho años, la ONG Reporter de Brasil viene desarrollando trabajos de prevención mediante la educación y ya ha llegado a 118 municipios donde se han identificado un número significativo de casos de uso de mano de obra esclava. Uno de los mayores desafíos ha sido desnaturalizar el proceso de explotación que está arraigado hace siglos en ciertas regiones del país, donde el “coronelismo” dejó profundas raíces. ¿Cómo es posible que el trabajador se reconozca como víctima de un sistema atroz si una vez más decimos que la única esclavitud existente es la que ata por cadenas? ¿Cómo es posible, entonces, superar su condición indigna si algunos diputados insisten en privarlos de instrumentos jurídicos para esto?
La lucha por garantizar los derechos humanos se da a pasos lentos, pero no por eso dejamos de darla. La aprobación de la PPD en la cámara de diputados es un paso más que hemos ganado para erradicar esta práctica vergonzosa en el país. A esta altura, permitir que se rediscuta el concepto de trabajo esclavo contemporáneo significaría volver al punto de partida y perder lo que logramos a costa del sudor de miles trabajadores. Y ésto no es una opción.
